OCT 162016 La confianza de los mexicanos en 2014, de acuerdo a un estudio del CESOP (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados) reveló que del 2013 a ese año la confianza en las instituciones fue a la baja. Que los mexicanos seguían confiando primero en su familia y sus amigos, luego en las universidades públicas, en la Cruz Roja y en la Marina. Las fuerzas armadas, según el estudio, habían sufrido merma de confiabilidad. Algunas de estas instituciones en lugar de consolidar su prestigio han seguido la ruta del deterioro. En el 2015, en un estudio de Mitofsky, tres instituciones gozaban de una confianza alta. En primer lugar las universidades, luego la iglesia y en tercer lugar el ejército y la marina. Eran acreedoras a una confianza media la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y confianza baja la tenían la presidencia de la república, los sindicatos, los senadores, los diputados, los policías y hasta el fondo los partidos políticos. En 2016 las cosas han empeorado. La presidencia de república, institución central del sistema político mexicano, ha caído dramáticamente en confiabilidad, al igual que medios de comunicación como la televisión y la radio. Las fuerzas armadas también han caído, y según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sólo 8 de cada 100 mexicanos confía en el sistema judicial, es decir el 92% no confía en él. En ese contexto debe analizarse la ausencia de expresiones de empatía solidaria de la sociedad con las fuerzas armadas ante los cobardes ataques que causaron la muerte de varios miembros de las fuerzas castrenses en Sinaloa. La falta de apoyo de la sociedad a las fuerzas armadas, en un momento importante y doloroso en la lucha contra los criminales, pasa por esta condición de deterioro que viven las instituciones públicas. Pesa y mucho el hecho persistente de políticas fallidas y la incapacidad para rectificar, la falta de transparencia, la corrupción en la clase gobernante y la impunidad para quienes ostentan el poder. Quiere decir, que las fuerzas armadas han sido arrastradas por el desprestigio que se ha propiciado el gobierno federal con su estrategia fallida de combate al crimen, y que casos como el de Ayotzinapa y la violación de derechos humanos en ciertos operativos, les han pegado en su línea de flotación. Ha dañado y mucho que senadores y diputados no hayan legislado oportunamente para regular, de una vez por todas, la intervención de las instituciones armadas en la lucha contra la delincuencia. Está visto que los ciudadanos necesitamos de las fuerzas armadas para terminar con el flagelo de la criminalidad, pero necesitan de un esquema legal preciso para actuar y de una estrategia más eficiente que les permita remontar la descalificación. Sería catastrófico para México que las fuerzas armadas terminaran sin credibilidad y alejadas de la confianza social. Al gobierno federal le corresponde actuar para cuidar el prestigio de una institución vital para la seguridad y la gobernabilidad del país, y las propias fuerzas armadas necesitan replantearse las estrategias de interlocución con la sociedad mexicana. |
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