Actuación reprobada

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DIC
16
2014
Luis Enrique Sánchez Morelia, Mich. En la víspera de los comicios electorales en un Estado en el cual no se ha visto de manera satisfactoria la seguridad y el desarrollo integral, el enviado del Gobierno Federal podría irse del Estado de Michoacan. A once meses de la llegada del comisionado Alfredo Castillo a la entidad, la violencia continúa y tanto grupos políticos como diversos sectores sociales están inconformes con su desempeño.
El 16 de enero, el secretario de gobernación, le dio formal posesión a Castillo en el cargo de Comisionado para el Desarrollo y la Paz de Michoacán, que salía de un decreto del Presidente Enrique Peña Nieto. Su función, se dijo en aquel entonces, el mexiquense Alfredo Castillo, tendría como única encomienda: coordinar las acciones del Gobierno federal para fortalecer las instituciones estatales.
En menos de 15 días, Castillo ya actuaba por encima del gobernador, convirtiéndose en la persona más poderosa del Estado, inclusive por encima de los secretarios de estado. Castillo se encargaría de pacificar el Estado tras el surgimiento de la guerra entre grupos de autodefensas y células del crimen organizado, a través de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.
La situación de Michoacán se ha visto afectada en la mayoría, si no es que en todos los ámbitos, tenemos crisis política, económica, educativa y de seguridad, por mencionar algunas. Si bien fue una decisión acertada por parte del gobierno federal el enviar un Comisionado al Estado de Michoacán, el desempeño y la ejecución del "Plan Michoacán" no ha generado los resultados esperados.
A onces meses de que Alfredo Castillo tomara las riendas de la seguridad en Michoacán, lo que nos queda claro es que no ha habido ni seguridad ni desarrollo integral en el Estado. La desarticulación del Cártel de los Caballeros Templarios (que esta es una acción que sí se le reconoce a las fuerzas federales) es uno de los factores que pudieron haber brindado la confianza a la ciudadanía para creer en los cuerpos de seguridad; sin embargo la conformación de la Fuerza Rural de Michoacán, ha causado un gran descontento tanto para los ciudadanos como para la estructura de los cuerpos policiacos. A partir del 10 de mayo, la policía de Alfredo Castillo operaría en base a dos ejes: el primero era que gente de la comunidad escogería a su cuerpo de seguridad para protegerse, como fue el caso de Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla y Aquila, aun sin conocer los antecedentes de estas personas, como es el caso de los Farías en Tepalcatepec, ni realizar exámenes de control y confianza.
Como medida preventiva, se decidió institucionalizar a los civiles armados, conformando la Fuerza ciudadana, integrada por policías del Estado de México y Morelos principalmente, varios de ellos con antecedentes penales, y en los municipios se conformó la Fuerza Rural Estatal (FRE). Con esto, las autodefensas dejarían de funcionar en la irregularidad y pasarían a ser los nuevos salvaguardas de sus comunidades, además de que recibirían apoyo económico que ascendería tentativamente a los 24 mil pesos mensuales en trabajos de inteligencia y los 14 mil para un policía común, aunado a esto se gestionaría apoyo educativo para sus familias por parte de los gobiernos federal y estatal; sin embargo varios elementos han manifestado su inconformidad porque los sueldos han ido cayendo constantemente, no reciben sus pagos y los apoyos para sus familias nunca llegaron.
En Michoacán, actualmente, las autodefensas siguen armados, el líder de Los Caballeros Templarios sigue libre y ni el gobernador Salvador Jara sabe cómo opera la policía rural. Según las estadísticas la inseguridad se ha incrementado en un 41% a lo largo y ancho del territorio michoacano y va desde los robos a casa habitación, asaltos, robo de automóviles, asesinatos a mano armada, asesinatos de familias completas hasta feminicidios.
Una gran parte de la sociedad civil reprueba el desempeño del funcionario federal, así mismo funcionarios de los tres niveles de gobierno y legisladores de diferentes partidos se han unido al reclamo de salida del comisionado Castillo del estado de Michoacán, sin embargo solicitar la renuncia de este personaje, podría resultar un hecho aislado para el gobierno de Salvador Jara Guerrero.


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